El 21 de agosto de 2017 se constituyó la Comisión la que al final de su mandato deberá entregar un informe final que contemple los siguientes aspectos:
a) Plan y metodología de trabajo.
b) Relación de los hechos de grave violación a los derechos humanos investigados por la Comisión.
c) Conclusiones y recomendaciones planteadas en función a los puntos anteriores.
d) Anexos que contengan la documentación recabada.
ha recopilado más de 65.000 expedientes presentados por víctimas de todo tipo de abusos, registrados entre 1955, fecha de la independencia, y 2013. Ha realizado sesiones públicas y ha emitido informes anuales. Aun no concluye su funcionamiento.
Ver másEn el año 2017 se eligieron los 11 comisionados , tomando posesión de sus cargos el 28 de mayo de 2018. Luego de un período de 6 meses de preparación para el funcionamiento, la Comisión inicia plenamente sus funciones, el 28 de noviembre de 2018.
Ver másLa comisión tomó la convicción que en Canadá se cometió genocidio cultural en contra de los pueblos indígenas mediante las escuelas residenciales indígenas. Esto debido a que los niños y niñas institucionalizados eran reeducados según un modelo occidental, a cargo de la Iglesia, prohibiéndoseles hablar sus lenguas maternas e imposibilitando el contacto con sus familias. El informe considera que más de 150.000 niños y niñas fueron obligados a participar de estas escuelas, donde fueron sometidos a abusos de carácter físicos, sexuales y culturales. El informe documenta 3.200 muertes directas por estas escuelas.
Una de las recomendaciones más destacadas que realizó la Comisión se encuentra la creación de una ley de lenguas indígenas, que garantice su protección cultural.
El 10 de diciembre de 2014 se entregó el Informe final a la Presidenta de Brasil , a los Presidentes del Senado , de la Cámara de Diputados y del Tribunal Supremo Federal . En tres volúmenes el Informe da cuenta de graves violaciones de los derechos humanos: detenciones sin fundamento jurídico, tortura y las muertes resultantes de ella, violencia sexual, ejecuciones, ocultamiento de cadáveres y desapariciones forzadas, afirmando que estos actos cometidos de manera masiva y sistemática contra la población, constituyen crímenes contra la humanidad. El Volumen I da cuenta de las actividades de la Comisión y de las graves violaciones a los derechos humanos, sus contextos y características. Incluye conclusiones y recomendaciones. El Volumen II está conformado por textos temáticos, aborda las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra sectores de la población, como movimientos sociales, de trabajadores, iglesias cristianas, pueblos indígenas, homosexuales, universitarios, entre otros. El Volumen III esta dedicado a las 434 víctimas muertas o desaparecidas políticas, presentando su vida y circunstancias de sus muertes.
No existió un informe final, sin embargo entrego una lista con 308 personas detenidas desaparecidas. Además, sugirió un cambio en la policía y las fuerzas armadas, pero evitar la repetición de violencia estatal.
Se realizaron audiencias públicas en donde las víctimas con víctimas relataron sus sufrimientos durante la violencia. La Comisión se propuso dar a las víctimas la oportunidad de ser escuchados, "poner fin al silencio y hacer que todo el país reconozca sus sufrimientos": "Sobre todo, dar dignidad de las víctimas, recuperar la memoria de los que fueron asesinados y escuchar la voz de aquellos que fueron humillados y abusados de innumerables maneras ". A las víctimas se les permitió nombrar a los grupos que habían causado su sufrimiento, pero no a los individuos.
Ver másEn mayo del año 2013 se presentó el informe que establece los hallazgos de la CVJR sobre violaciones flagrantes de los derechos humanos, crímenes económicos, adquisición ilegal de terrenos públicos, marginación de comunidades y actos de violencia étnica registrados entre 1963 y 2008. La comisión escuchó y registró más de 42.000 declaraciones en todas las regiones de Kenia , también realizó audiencias especiales para las mujeres. Plantea una serie de recomendaciones especialmente de reparación a las víctimas, señalando que para ello será necesario responder a las exigencias de justicia y rendición de cuentas respecto a las violaciones de derechos que sufrieron. Las recomendaciones no se han implementado y la mayoría de los kenianos no conoce el informe ya que no se ha publicado oficialmente.
“Para que los hechos no se repitan”, fue en nombre que recibió el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dado a conocer en julio de 2011. Estableció la necesidad de establecer en la constitución la figura de juicio político contra el presidente. Además se señala que el Estado debe investigar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el periodo.
Informe de la Comisión para la Verdad y la Amistad en julio de 2008. Estableció que tanto partidarios de la autonomía como de la independencia cometieron flagrantes violaciones a los derechos humanos. Se sindica al ejército de Indonesia como una institución particularmente cómplice de la violencia y a otras instituciones de Indonesia como responsable de violaciones de derechos humanos.
Se entregó el Informe de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación ante el parlamento y el primer ministro en noviembre de 2005. En este informe se estimó las víctimas de asesinato fue 18.600 y que el número de víctimas indirectas, muertas por enfermedad y hambre en el periodo fue de 84.200. A su vez entregó un extenso paquete de recomendaciones en temas de derechos humanos, reparación, organización política interna y en sus relaciones externas, especialmente en su problemática con Indonesia.
Llegó a la conclusión que respecto de 1.681 casos, de un total de 16.800 desapariciones, había pruebas indicativas de la identidad de los responsables de los desalojos involuntarios de las personas y su consecuente desaparición. El Gobierno, basándose en la recomendación formulada por las comisiones, decidió enjuiciar a los culpables, para lo que creó una Unidad de Investigación de Desapariciones en la Fiscalía General, como unidad separada del Departamento de Policía.
Ver másLas comisiones zonales llegaron a la conclusión de que aproximadamente 16.800 personas habían desaparecido durante el periodo investigado, aunque se estimó que el trabajo estaba incompleto pues no se habían logrado investigar a fondo las denuncias al expirar el tiempo del mandato.
Informe de la Comisión de Investigación para Localizar a Personas Desaparecidas Durante el Periodo Panchayat (1994), donde figura que investigó aproximadamente 100 casos de víctimas desaparecidas. A pesar de estos esfuerzos, dos años más tarde se inició un conflicto que sometió al pueblo nepalés a una cruenta guerra civil que se prolongó hasta el 2006.
En el 2006 se abolió la ley que establecía esta comisión.
La Comisión publicó un informe de cuatro volúmenes en diciembre de 2010 en coreano. Previamente, en marzo de 2009, publicó un informe preliminar en inglés.
Ver másInforme Final de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas (2004). Los resultados de este informe dieron pie para la creación de la Comisión Verdad y Reconciliación, pues se estimó que muchos casos estaban inconclusos en su investigación.
Ver másInforme Final de la Comisión de Investigación sobre las Violaciones de los Derechos Humanos. Aquí se recomendó la inclusión en el proyecto de Constitución de una Comisión permanente e independiente, la incorporación de la educación en derechos humanos en el sistema educativo y entre el personal de seguridad.
Ver másInforme de la Comisión Verdad y Reconciliación. Se recibieron más de 23 mil testimonios de victimas y testigos de las cuales más de 2 mil fueron en audiencias públicas. La amnistía fue la base de las políticas de reconciliación del pueblo sudafricano, estableciendo la realización de juicios solamente para los hechos extremos cometidos por el régimen anterior.
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004), que presentó una serie de recomendaciones para reformar las fuerzas armadas, los derechos de las personas y modificaciones al sistema electoral.
No se emitió informe pues el proceso fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos internacionales.
La Comisión presentó su informe al presidente en mayo del 2002, pero el presidente nunca lo hizo público ni puso en práctica sus recomendaciones.
Ver másInforme Final de la Comisión de Equidad y Reconciliación (2005), que determina las responsabilidades de actores estatales y de otras partes del conflicto por abusos que incluyen desapariciones, detenciones arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza letal.
Ver másEn el año 2009 fue publicado el Informe Final de la Comisión. El informe da cuenta de su investigación abordando las causas profundas del conflicto, el impacto del conflicto en las mujeres, los niños y la sociedad liberiana; establece responsabilidades por la comisión masiva de violaciones graves de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y de violaciones flagrantes del derecho interno . Hace recomendaciones para reparación a las victimas y medidas que garanticen la no repetición.
Ver másInforme Final de la Comisión para la Reconciliación Nacional (2005). Aquí se llegaba a la conclusión de que la mayoría de los abusos contra los derechos humanos se atribuían a los gobiernos inconstitucionales y entre las recomendaciones figuraban la reparación y la rehabilitación de las víctimas, prestando atención especial a las violaciones y otros actos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres.
Ver másInforme de la Comisión de Investigación de los crímenes y Malversaciones Cometidos por el ex Presidente Habré, sus Coautores y/o Cómplices (1992), donde figuran 40 mil víctimas.
Ver másHasta la fecha la comisión no ha iniciado su trabajo pues la violencia y la inestabilidad política no ha cesado en esa zona.
La comisión se disolvió sin entregar informe en 2003 por dificultades de procedimiento.
Ver másInforme Oficial de la Comisión de Investigación para Tratamiento del Pasado y las Consecuencias de la Dictadura del SED en Alemania (1994), que tuvo más de 15.000 hojas al tratarse de un periodo de cuatro décadas. La información sobre los responsables e informantes fue revelada en los archivos. Existió una segunda comisión entre julio de 1995 y junio de 1998, la cual tenía como propósito continuar recolectando datos e información sobre las violaciones cotidianas de los derechos fundamentales durante el periodo 1949 y 1989.
Informe Final de la Comisión para la Paz (2003), donde figuran 260 denuncias sobre uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. A su vez, se establecieron una serie de criterios de reparación a víctimas y sugerencias de fomento de los derechos humanos en diferentes niveles de la institucionalidad.
Informe Final de la Comisión Investigadora sobre la Situación de las Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron (1985), donde figuran 164 desapariciones denunciadas. De estas, 32 ocurrieron en Uruguay, 127 en Argentina, 3 en Chile y 2 en Paraguay. Se reconoció la práctica de la tortura como denominador común en los casos de secuestro y mención especial tuvo el caso de niños desaparecidos, de lo que se concluyó que muchos de ellos fueron entregados a familiares de los integrantes del mismo aparato represor.
Informe “De la Locura a la Esperanza” (1993) en el que figura el análisis de 32 casos ejemplarizantes y representativos de una lista de 13.569 víctimas. También presentó una serie de recomendaciones en lo penal y judicial, depuración en las Fuerzas armadas y de orden, inhabilitación política de personas involucradas en violaciones a los derechos humanos e investigar y terminar con grupos ilegales. Además se propusieron medidas de reparación moral y material para las víctimas.
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), que expone la situación general de 69.280 víctimas, sin dar listados con nombres salvo el de casos emblemáticos y autoridades públicas. También se hicieron una serie de recomendaciones en tanto reformas institucionales, reparaciones integrales a víctimas, la puesta en marcha de un plan nacional de sitios de Entierro y mecanismos de seguimiento a estas recomendaciones.
Ver másInforme “Memoria de gestión 2004-2008” (2008), que documenta 339 desaparecidos, 59 asesinados, 3.470 exiliados y más de 15.000 víctimas de tortura. Se incluyeron una serie de recomendaciones para el Estado, entre las que se destaca el análisis de los testimonios de la investigación para usarlos durante eventuales procesos judiciales contra los responsables de esos delitos; el regreso voluntario de los exiliados políticos y leyes de reparación.
Informe “La verdad os hará libres” (2002) que documenta 110 casos de ejecuciones y desapariciones, identifica centros de tortura en cuarteles militares y a los uniformados involucrados en los hechos. Así mismo incluyó recomendaciones para la reparación moral y material a los familiares de las víctimas.
Se redactó el Informe “Si no gritara…” (1996) donde figuran 5.450 víctimas calificadas. Se incorporaron una serie de recomendaciones en tanto medidas de reparación a las víctimas, sobre la violencia sexual a las mujeres, reformas a instituciones judiciales, la estructura social, el sistema judicial y lo relativo a procesos y sanciones.
“Guatemala, memoria del silencio” (1999), donde figura que cerca de 200 mil personas murieron o desaparecieron. La comisión Calificó a 42.275 víctimas. Así mismo, diseño un plan de recomendaciones elaborado en conjunto con quienes presentaron testimonios y representantes de diferentes organismos (Foro Nacional sobre Recomendaciones, en el que participaron 400 personas pertenecientes a 139 organizaciones de la sociedad civil, celebrado el 27 de mayo de 1998).
Informe de la Comisión de la Verdad y La Reconciliación (2006), donde la Comisión pidió que se realizaran esfuerzos por encontrar los cadáveres de las víctimas que murieron durante el golpe de Estado y la invasión estadounidense, junto con recomendar medidas de reparación para las familias de las víctimas.
Ver másEl 2010 se emitió el informe “Sin verdad no hay justicia”. Estimó que 456 personas fueron víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual. Además suministró a la justicia los nombres de 458 agentes presuntamente involucrados en tales crímenes.
Suspendió sus actividades en febrero de 1997 sin emitir informe debido a la inestabilidad política por la que atravesó durante el último lustro del Siglo XX.
Esta comisión fue disuelta en 1984 sin terminar la investigación de los casos y no se emitió informe.
Ver másInforme “Nunca Más” (1984), donde figuran 8.860 víctimas calificadas. También se dio cuenta de la existencia de 380 centros clandestinos de detención y se describe en detalle la acción represiva del período y el comportamiento del Poder Judicial en el caso de las desapariciones forzadas.
Ver másInforme de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2005) donde figuran 28.459 víctimas calificadas. Se dio cuenta de los distintos métodos de tortura, las consecuencias de la prisión política y la tortura para las víctimas y se identificaron 802 de los 1.132 recintos de los que se reunieron antecedentes. Se propusieron, además, políticas de reparación institucionales, colectivas, individuales y jurídicas. Durante 2010 y 2011, una segunda instancia de clasificación reconoció a 9.795 personas como sobrevivientes. Por tanto, el Estado de Chile reconoce un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura.
Ver másInforme sobre calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política (1996), donde figuran 899 víctimas calificadas que se suman a las 2.296 del anterior informe de la CNVR.
Durante 2010 y 2011 durante una nueva instancia de reconocimiento de víctimas, se clasificaron 30 personas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticas. Al 2011 el total de víctimas de desaparición forzada o ejecutadas son 3.216 personas
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde figuran 2.296 víctimas calificadas. Se recomendaron medidas de reparación y reivindicación en lo que se estimara de justicia y lo concerniente y necesario para impedir y prevenir nuevos episodios similares a los ocurridos durante el periodo en cuestión.