La comisión tomó la convicción que en Canadá se cometió genocidio cultural en contra de los pueblos indígenas mediante las escuelas residenciales indígenas. Esto debido a que los niños y niñas institucionalizados eran reeducados según un modelo occidental, a cargo de la Iglesia, prohibiéndoseles hablar sus lenguas maternas e imposibilitando el contacto con sus familias. El informe considera que más de 150.000 niños y niñas fueron obligados a participar de estas escuelas, donde fueron sometidos a abusos de carácter físicos, sexuales y culturales. El informe documenta 3.200 muertes directas por estas escuelas.
Una de las recomendaciones más destacadas que realizó la Comisión se encuentra la creación de una ley de lenguas indígenas, que garantice su protección cultural.